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Memoria, verdad y justicia: Misiones a la espera del quinto juicio contra represores

Lilia “Tiki” Marchesini, Ministra de Derechos Humanos de Misiones

(UGD Radio) Pese al anuncio –en 2016- acerca de la “inminencia” de la conformación del Tribunal Oral que presidiría el quinto juicio por delitos de lesa humanidad contra represores que actuaron en la provincia de Misiones, el juicio sigue sin materializarse.

Los crímenes que deben juzgarse fueron cometidos en el Departamento de Informaciones y en los destacamentos policiales denominados  “La casita de Mártires” y “La casita del Rowing”, centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones. En esta causa se encuentran imputados dos ex agentes: Bruno Rejalaga y Miguel Insaurralde.  También está imputado Eugenio Guañabens Perello, General del Ejército que tuviera a su cargo la llamada Subzona 23 y Osvaldo Mateos, Jefe de la Seccional Posadas de la Policía Federal en el año 1977.

El tribunal que interviene en esta causa se integra con jueces subrogantes. El presidente es el juez Roberto López Arango.

En esta causa también es pertinente mencionar que se encuentra pendiente de resolución la situación de Héctor Leopoldo Flores, quien fuera Jefe del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles y cuya defensa planteó -cuando se estaba por dar inicio al debate oral, hace ya más de dos años-, una “incapacidad sobreviniente” y hasta el momento no hubo resolución sobre el tema.  Flores es el único imputado por la actuación del Regimiento Monte 30 que tuvo como víctimas a integrantes  de las Ligas Agrarias Misioneras.

Debe remarcarse que las investigaciones no evidencian avances hacia otros sectores represivos como la Gendarmería Nacional o Prefectura, mucho menos hacia complicidades civiles, todo a pesar de las suficientes pruebas existentes.

Siete años sin juicios

Los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Misiones están suspendidos desde 2012. Entre el año 2009 y 2012 se realizaron cuatro juicios a represores que oficiaron en la tierra roja durante el genocidio. Si bien desde hace al menos dos años se anuncia la inminencia del inicio de un quinto juicio, la demoras del sistema judicial y las artimañas de los acusados vienen dilatando esta continuidad.

En Misiones, el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en las causas.

Consultada por la UGD Radio, la Ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, señaló que “desde 2016 estamos esperando que se mueva lo necesario para el inicio del quinto juicio en Misiones. La Justicia alega problemas de presupuesto, traslados, y así la etapa de juicio oral se viene demorando ya hace casi tres años. En el marco de estos tiempos neolioberales, se ve en toda la República Argentina y no solo en Misiones, la demora de las causas. En nuestro caso la causa que está demorada está vinculada al departamento de Investigaciones de la Policía de la Provincia”.

Antecedentes

En 2009 tuvo lugar el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones. Se trató de la causa por  la privación ilegítima de la libertad, tortura, robo y homicidio del ingeniero Alfredo González, aún desaparecido. Este juicio terminó con la condena a 25 años de prisión del coronel Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien fuera jefe del Área 232 desde enero de 1977. El represor tuvo la responsabilidad del control operativo de los grupos de tareas en la provincia de Misiones y probada responsabilidad en los centros clandestinos de detención “D-2 de la Policía de Misiones, en Posadas” y “Delegación de la Policía Federal en Posadas”. Caggiano Tedesco recibió además, en el marco de otra causa, cadena perpetua por delitos de lesa humanidad contra 49 personas.

En la misma causa que juzgó el accionar de la jerarquía del Área 232, fue condenado a perpetua el represor Juan Carlos Beltrametti. Siempre en 2009, también recibieron condena José Cuenca y Rubén Gómez, ambos ex penitenciarios de la Unidad 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Recibieron  20 y 23 años de prisión respectivamente.

En 2012 tuvo lugar el cuarto juicio en Misiones. El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó el 4 de julio de ese año,  por crímenes de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención, a los represores Felipe Giménez – 21 años y seis meses de prisión-, Carlos Herrero- 20 años de prisión- y a Carlos Alberto Pombo y Julio Argentino Amarilla a 7 años. Resultó absuelto el médico Guillermo Roque Mendoza.

En los últimos años, para completar el escenario, una serie de investigaciones periodísticas encaradas por la Revista Superficie, pudo exponer la situación de Julio César Marturet y Carlos Carvallo, ambos agentes de inteligencia del Batallón 601. En 2012, Marturet era Subsecretario de Acción Cooperativa de la Provincia. Debió renunciar tras conocerse su pasado, aunque ninguna causa judicial pesa en su contra. Distinta fue la suerte del periodista Carlos Carvallo, quien además de espía fue partícipe de instancias de tortura contra detenidos, por lo que tras permanecer prófugo, fue encontrado y detenido en 2018.

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